Vecinos se encadenaron en la Municipalidad de Carpintería: denunciaron el corte injustificado de los servicios básicos
Según indicaron, desde la comuna se ordenó que dejen sin suministro de energía y agua potable por no cederle parte de un terreno. El intendente aseguró que una de las manifestantes tiene una denuncia por usurpación de un inmueble del Estado y que, en el otro caso, es de índole privada.
Desde las 5 de la madrugada, una familia junto a otra vecina, de la localidad de Carpintería tomaron la drástica decisión de encadenarse en la puerta del municipio porque desde diciembre del año pasado padecen la falta de los servicios básicos tanto de agua como de energía eléctrica.
Sostienen que el intendente Gastón Herrera pretendió quedarse con una parte del terreno que se encuentran habitando, pero como no lo logró, determinó quitarles los suministros esenciales sin previo aviso.
En declaraciones a radio Laser de Merlo, Norma La Paz relató que tiene a su cargo dos menores y que "todo inició porque fui estafada con la compra de esta casa porque el terreno es del Estado. En esa oportunidad, Herrera, se comprometió a ayudarme, pero nunca hizo nada”.
Explicó que luego de que el intendente ganó nuevamente las elecciones el año pasado, se acercó a su vivienda para exigirle que le entregue la mitad del terreno.
“De hecho, se presentó hasta con un agrimensor. El 23 de diciembre cuando me desperté me di cuenta de que ya no tenía el medidor de agua. Esto ocurrió sin previo aviso”, indicó.
La mujer señaló que acudió en varias oportunidades en el municipio, pero no fue recibida por Herrera. Por tal motivo, realizó el reclamo pertinente al Gobierno provincial.
“Es indigno vivir así porque para subsistir me tienen que llevar bidones de agua”, dijo y aseveró que “me voy a quedar hasta que alguien me dé una solución”.
El otro caso es similar, solo que dentro del grupo familiar se encuentra una persona con discapacidad, por lo que es más que necesario contar con los servicios básicos.
De Paz denunció al Ejecutivo: “Nos amenazó que, si no nos retirábamos, nos iban a aplastar con una máquina”.
Y, por último, reiteró que no se moverán del establecimiento hasta la intervención del Gobierno provincial, ya que muchas personas están atravesando esta situación, pero no se animan a denunciar.
Por su parte, Herrera en comunicación con El Chorrillero manifestó que “la señora Norma Elsa La Paz tiene una denuncia penal por usurpación de un inmueble del Estado”.
“El otro caso es de índole privada, el titular del inmueble pidió la baja de la conexión de agua”, informó.